¿De la mediocracia a la partidocracia? (07050814:09V)

Revista nexos No. 364 • Abril de 2008

Pablo Arredondo Ramírez
¿De la mediocracia a la partidocracia?

Democracia y medios masivos de comunicación tienen infinidad de puentes. La radio y la televisión, además de desempeñar su papel de espacios y conductos para la deliberación, se constituyeron en actores políticos. La reforma electoral de 2007 es incomprensible sin ese contexto, en el que se impuso la necesidad de acotar el poder de los medios y del dinero en la vida política. Este ensayo da aliento a la reflexión sobre los roles de los medios de comunicación electrónica en democracia.

¿Debería interpretarse como una vendetta? ¿Se trata de la revancha de la clase política sobre uno de los poderes fácticos que más peso han adquirido en el México de la transición democrática? ¿De qué manera concebir una reforma político-electoral que escandalizó a los concesionarios del espectro electromagnético y que obligó al relevo —antes de tiempo— de una parte de los miembros del órgano responsable de organizar y arbitrar las contiendas federales? ¿Avance o retroceso?

Las respuestas a estas interrogantes no son sencillas, tienen una base compleja que se alimenta, por una parte, de las experiencias recientes y, por la otra, de tendencias de largo aliento. Son las inercias que han ayudado a construir históricamente un patrón de articulaciones en el campo de la comunicación política nacional y que ahora mismo atraviesan por un periodo crítico de redefiniciones.

La contribución mediática al saldo rojo de la elección

El malestar heredado por el proceso electoral de 2006 no es ajeno al papel jugado por los medios de comunicación antes, durante y, en alguna medida, después de la contienda para renovar los poderes federales. Una tajada nada desdeñable de los señalamientos en torno a las precariedades del proceso y a la polarización exacerbada del electorado recayó precisamente en las maneras de intervención asumidas por los medios junto con otros actores de la esfera del poder. La ciudadanía fue testigo de un proceso en el que se inauguraron muchos de los vicios de los que adolecen las campañas en ciertas democracias consolidadas y que han llevado a acuñar el concepto de “malestar mediático” entre algunos analistas.¹

No hay que soslayar, sin embargo, que la campaña por la presidencia de la República y las cuestionables prácticas comunicativas operadas en ella, representaron un momento —si se quiere climático— de un proceso que arrancó con antelación. El preámbulo a lo observado durante los meses de la contienda presidencial del 2006 se puede ubicar en una política mediática que privilegió desde tiempo atrás los escándalos en el mundo de los actores del poder, con filtraciones anónimas y videos que exhibían las corruptelas de unos y de otros. Incursionamos en la “modernidad democrática” recurriendo a esa ya vieja práctica del escándalo político que hace de la visibilidad vergonzosa de los contendientes un recurso para la obtención o el mantenimiento del poder.²

Con la política del escándalo llegaron también nuevas modalidades de comunicación pública. Por ejemplo, las precampañas electorales —muy en particular las diseñadas y operadas desde múltiples ámbitos del territorio gubernamental— adquirieron notoriedad. La campaña se tornó permanente. Difícil distinguir entre desempeño de la administración pública y promoción de la imagen oficial. Y por si no fuera suficiente la personalización del ejercicio de gobierno se consolidó como modo de operación cotidiana. Gobierno, gobernante y aspiraciones políticas se mezclaron bajo el principio de que la confusión producida por esta amalgama en la opinión pública terminaría generando dividendos favorables al posible candidato. Este escenario se multiplicó prácticamente en todos los niveles y ámbitos del gobierno, desde los municipios hasta las distintas ramas del gobierno federal.

La urgencia por ganar visibilidad positiva y por anticipar a los otros aspirantes a ocupar el cargo de marras produjo en los años recientes una creciente inversión publicitaria de naturaleza gubernamental en los medios, muy en particular en los electrónicos. Bastaba asomar la mirada a las pantallas de televisión o a las páginas de los diarios en cualquier parte del territorio nacional para cotejar las bondades de la publicidad oficial y para corroborar la personalización…